La animadversión por el espurio nombramiento de Juan Camilo Mouriño Terrazo como “ministro de Interior” (secretario de Gobernación) del Estado mexicano no es xenofobia, es simple y llanamente porque Calderón está violando la ley, lo que no resulta novedoso en su Administración, pues apenas en abril de 2007 denuncié ante la Secretaría de la Función Pública otro nombramiento igual de singular: el de Purifucación Carpinteyro Calderón. Lo hice en los siguientes términos (ver Proceso, 1592, 6 de mayo de 2007):
“El nombramiento de Purificación Carpinteyro Calderón como nueva directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), en sustitución del memorable y longevo Gonzalo Alarcón Osorio, estuvo en entredicho durante varios días en virtud del artículo 21 de la ley federal de las entidades paraestatales, fracción I, que a la letra dice que el director general debe “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos”, habida cuenta de que la susodicha Carpinteyro, además de ser mexicana por nacimiento, disfruta de las nacionalidades española, probablemente por ascendencia, y brasileña, como funcionaria que fue de Embratel.
¿Cómo fue que finalmente se le dio la vuelta a este serio impedimento legal? Porque si bien es cierto que se puede renunciar a una nacionalidad adquirida, la ley federal de las entidades paraestatales es clara, y como, jurídicamente, “donde la ley no distingue, no se debe distinguir”, dicha renuncia no borraría este impedimento legal, por más que la ley de nacionalidad lo permitiera. Es decir, la ley específica de las entidades paraestatales tiene prevalencia sobre la ley general de nacionalidad.
Por otro lado, llama la atención el apellido materno de Carpinteyro Calderón, y me pregunto si no estaremos ante un caso de nepotismo presidencial, toda vez que el nombramiento es responsabilidad directa de Felipe Calderón. Desgraciadamente, apenas el 28 de abril hice la pregunta correspondiente a la Presidencia de la República, a Sepomex y a la Secretaría de la Función Pública a través del IFAI y no obtendré una respuesta sino hasta el 29 de mayo, a pesar de la simpleza de la solicitud. También solicité copia del nombramiento.
A ver si alguien se apiada de mí antes y resuelve los serios cuestionamientos que planteo en este escrito.”
Sepomex respondió, mediante la página del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), a mis preguntas sobre nacionalidad y parentesco, afirmando que la señora Carpinteyro Calderón renunció a sus nacionalidades española y brasileña poco antes de su nombramiento y negando cualquier parentesco con el Presidente, y me adjuntó copia del nombramiento firmado por éste.
Insisto: la renuncia no resuelve la ilegalidad planteada en mi escrito, a pesar de que la misma incompetente que tiene detenida mi denuncia contra la compañía (Hildebrando) del cuñado de Calderón afirme lo contrario, sin dar detalles, en un oficio que me dirigió el 29 de agosto de 2007.
Por lo que se refiere al ilegal nombramiento de Mouriño, el hermetismo por parte de las autoridades ha sido casi total, no obstante las pruebas aportadas por el periodista Miguel Ángel Granados Chapa (Reforma, En Bucareli, un secretario ilegal, jueves 17 de enero de 2007).
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