Desde 2005, casi con la entrada en operación del IFAI -hoy INAI-, me volví un usuario consuetudinario de su sistema de solicitudes de información (Sisi, luego Infomex), y así seguí hasta 2016, año en el que la “novedad” se me había pasado y después de obtener mediante su intermediación decenas de repuestas a solicitudes de información personal y pública. Una maravilla. Todo esto bajo los regímenes prianistas de Fox, Calderón y Peña Nieto.
Desgraciadamente, a raíz de un asunto federal y otros locales de orden electoral y de justicia, hoy que vuelvo a requerir de sus servicios mediante la rimbombante Plataforma Nacional de “Transparencia” (PNT), me he topado con pared, pues al solicitar su intervención para obtener de parte de Presidencia de la República el monto de los ingresos reales del llorón de López Obrador, fui ignorado olímpicamente, pues ni siquiera solicitaron la ampliación de plazo para responderme (¡de 20 a 30 días hábiles!). Simplemente me ignoraron, violando toda normatividad al respecto. Qué extraño, ¿verdad? No les vayamos a salir con eso de que la ley es la ley.
Pero ya recurrí su falta en los siguientes términos para que se convierta en un recurso de revisión, a ver si en dos o tres meses me responden: “Se cumplió la fecha límite y no se me ha notificado absolutamente nada, mucho menos la información solicitada. Insisto: requiero saber las percepciones totales brutas y netas del Presidente de la República considerando no únicamente su salario, sino todas, absolutamente todas, las prebendas inherentes al cargo, como vivienda, vestido, alimentación, gastos médicos, viajes, colegiaturas del hijo menor de edad Jesús Ernesto, así como gastos en general de este y de la esposa/madre Beatriz Gutiérrez Müeller. En resumidas cuentas cuál es el paquete anual de ingresos de Andrés Manuel López Obrador, o monto del presupuesto de Presidencia que es dedicado a estos menesteres. La información debe de existir, háganmela llegar a la brevedad. La oficina presidencial está violando la norma con esta dilación. La ley es la ley, por más que el Ejecutivo afirme lo contrario.”
Los otros tres asuntos son de orden local: dos contra la “gobernadora electa” de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, por cuestiones preelectorales, y otro contra la Fiscalía General de Justicia del estado por un crimen abominable cometido hace más de un año y del que nada se ha informado. Las odiosas respuestas de las correspondientes oficinas son las de cajón, de librito, para evadir toda responsabilidad:
“Esta Secretaría hace de su conocimiento que después de realizar una exhaustiva búsqueda en la información en poder de esta Dependencia, no se encontró registro alguno relacionado con gastos del evento del Día del Comerciante en el Parque Bicentenario el día 5 de julio.”, me responde doña Libia desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que encabeza.
Y un choro mareador similar del Fiscal sobre un crimen espeluznante cometido hace más de un año y del que los guanajuatenses estamos ayunos de información.
Pero ya recurrí ambos casos y los dos se convirtieron en recursos de revisión, que esperamos se resuelvan favorablemente en los próximos meses. El otro asunto preelectoral relacionado con Libia lo acabo apenas de subir a la Plataforma hace unos días y espero respuesta el lunes 4 de septiembre, que muy seguramente será en los términos de su respuesta anterior, pero ya lo estaremos recurriendo, me canso ganso.
¿Plataforma Nacional de Transparencia? Por favor, insufrible sistema de flagrante opacidad.
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