¡Nos extorsionaron!
Hace un par de días inocentemente extorsionaron telefónicamente a nuestro joven empleado en el negocio que manejamos en una plaza comercial desde hace más de 18 años. No entraré en la relación detallada de este acto criminal por seguridad, baste decir que tan pronto pude reporté el ilícito al número de emergencia 911, de donde se me transfirió a la línea de Denuncia Anónima 089, y después de una prolija “confesión”, proporcioné el número de cuenta bancaria al que se hizo el depósito por el monto de la extorsión, así como el número telefónico desde el que se realizó la criminal llamada.
El nombre del beneficiario de la referida cuenta aparece plagado de asteriscos en la plataforma del banco y el número telefónico reportado ya estaba identificado como perteneciente a delincuentes, lo que no impidió el crimen en nuestra contra.
¿Para esto es para lo que el Gobierno federal requiere el registro de nuestros teléfonos, para a nosotros sí fastidiarnos por no hacerlo, mientras los criminales siguen delinquiendo a sus anchas?
Cuando pregunté, vía correo electrónico, a Denuncia Anónima 089, “¿Cómo es posible que el número telefónico que reporté y desde el cual se nos extorsionó ya lo tuvieran ustedes registrado como de criminales y aun así haya sido utilizado en nuestra contra?”, simplemente se me respondió que acudiera a la Fiscalía para dar seguimiento al folio que me asignaron.
¡Qué país, por Dios!

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