Mucho se habla de la revictimización de
la mujer que se atreve a denunciar legalmente un delito sexual, y es una verdad
tremendamente lacerante y real, aunque, sin tratar de equipararla con otros
casos más profanos, yo creo que es la norma en el sistema penal mexicano y aun
en el ambiente privado del país. Me explico.
A raíz del asalto a mano armada que
sufrió mi hijo el viernes 30 de agosto de 2019 en León, Guanajuato, “la mejor
ciudad para vivir y donde el trabajo todo lo vence”, por parte de un par de malandros
que lo despojaron de su automóvil nuevo, celular, cartera con tarjetas
bancarias e identificaciones, y hasta llaves de la casa, nos hemos visto
inmersos en estos hostiles e infrahumanos submundos burocráticos. La noche de
ese día, después de que la policía ministerial hubo levantado in situ (Punto
Verde) el reporte correspondiente para que mi hijo quedara liberado de
cualquier delito que los delincuentes pudieran cometer a bordo de su auto o con
sus identificaciones, se presentó el inepto y holgazán ajustador de la compañía
de seguros que ampara el coche, mal levantó un reporte de robo y asignó un
número de siniestro, pidiéndole a mi hijo que se volviera a comunicar con la
compañía de seguros el lunes siguiente, después de que levantara la denuncia en
el ministerio público.
Del lugar del asalto, en compañía del
novio de mi hija, se fue a Cepol Norte, donde les dijeron que ahí no recibían
ese tipo de denuncias, que tendrían que ir a Prevención Social en la carretera
León-Cuerámaro, a donde partieron sin dilación y punto en el que la familia
entera los alcanzó. Salimos del sitio cerca de las dos de la madrugada ya del
sábado 31 con tan solo un comprobante y la invitación a Raúl, mi hijo, para que
volviera a presentarse el lunes 2 con dicho papel. Tanto como el coche, a Raúl
le importaba su teléfono celular por el cúmulo de información personal y
laboral que en él almacenaba, por lo que dedicamos toda la mañana del sábado a
rastrearlo vía GPS, junto con la Policía Ministerial, que se nos unió después.
Los criminales, nada estúpidos, se habían liberado de él arrojándolo a un
baldío, de donde lo rescató un pepenador, a cuya casa en rumbos inimaginables
los ministeriales entraron a “bayoneta calada”. El hombre no opuso resistencia
y entregó el aparato a los agentes, que pidieron a mi hijo que el mismo lunes
lo reclamara en Prevención Social, donde le realizarían pruebas periciales,
básicamente dactiloscópicas.
Ese lunes acompañé de nuevo a Raúl al
ministerio público donde, después de ruegos y melindres, nos devolvieron el
teléfono una vez que se desistieron de peticiones absurdas que no procedían,
pues qué mayor prueba de que le pertenecía que el reconocimiento dactilar para activarlo.
Hasta la noche de ese día quedó formalmente levantada la denuncia por robo en
la aseguradora, al visitarnos en nuestro hogar un ajustador responsable que sí
se tomó en serio su trabajo. Y a sufrir, pues en Prevención nunca se nos dio
una copia certificada de la denuncia, que requiere el seguro y que habría que
ir a solicitar, además de tener que levantar sendos reportes ahí mismo, en Policía
Municipal y en Tránsito Municipal, para después desplazarnos hasta cerca del
Puente del Milenio, en la carretera Silao-León, para hacer lo propio en la
Policía Federal Preventiva (PFP), donde pedirían una copia de la mentada
denuncia certificada. Finalmente, habría que acudir a la Oficina Recaudadora de
León a solicitar la baja de las placas, y consecuentemente del auto, y un
certificado de no adeudo.
Y esto es precisamente lo incomprensible:
dónde queda la tan mentada simplificación administrativa y el manejo de la
tecnología para que uno no tenga que andar del tingo al tango levantando
denuncias y reportes. Debería bastar con la sola denuncia en el ministerio
público y que de ahí se desperdigara la información a todas las demás
dependencias y hasta a la aseguradora, o de perdida que bastara un único
reporte para las dependencias municipales y la PFP, y ya que andamos con sueños
húmedos, que la víctima ya no tuviera que acudir a la Oficina Recaudadora, sino
que ahí mismo pagara por la baja y el certificado requeridos y recibiera los
documentos correspondientes, pero además, para qué dos malditos certificados,
como si a uno le fuera permitido dar de baja un automóvil con adeudos. Si lo
que se quiere es cobrar por dos “servicios”, que hagan el cargo conjunto y
dejen de fastidiar al sufrido contribuyente.
Verdaderamente dantesco. Dónde queda la
tan cacareada ventanilla única, muy mencionada pero jamás aterrizada, y para la
que éste es un ejemplo prototípico al que debiera de aplicar.
Pero si el señor Gobernador del estado,
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ni siquiera se da por enterado de la carta que
le dirigí denunciando el grave problema de inseguridad asociado con todo lo
aquí dicho, por más que haya aparecido en este mismo periódico el domingo 1 de
septiembre, qué se puede esperar con peticiones más “sofisticadas”. Y que
conste, ni él ni ninguno de su séquito, pues a todos copié, dijo esta boca es
mía.
Ahora viene el calvario con el seguro,
que “sólo” necesita, además de los quince días de espera para el reclamo del
pago (no vaya a ser que el auto aparezca), identificación oficial, CURP,
comprobante domiciliario no mayor de tres meses, constancia de situación
fiscal, carta de consentimiento para solicitar al SAT la emisión de un CFDI por
la enajenación del bien, carta factura, baja de auto y placas, certificado de
no adeudo, averiguación previa, duplicado de llaves, póliza original y último
recibo de pago. ¡Cansa nada más leer la interminable lista! Como siempre
ocurre, parecieran más preocupados en encontrar cualquier pretexto para no
pagar que en la protección de sus clientes.
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