Desde que Ricardo Sheffield Padilla
inició su gestión al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
hace cerca diez meses, he sido molestado telefónicamente casi a diario en mi
casa por los odiosos representantes de quien se presenta a sí misma como
Previsión Gayosso, ofreciendo, obviamente, sus servicios funerarios. No ha
bastado con que al operador en turno se le diga que no me interesan sus ofertas,
que es la enésima vez en los últimos varios meses que a uno lo molestan con lo
mismo, que por favor borren mi teléfono fijo de la lista de cambaceo en la que
basan sus insultantes acosos.
Hoy en la mañana, por ejemplo, a mi
petición en tal sentido, se me respondió con un agresivo y altisonante “¡Bueno,
¿está usted interesado en el servicio, sí o no, señor?!”. Ante lo que no queda
más que colgar, con la correspondiente maldición por la grosera impertinencia.
Pero el hostigamiento llega casi a lo inverosímil, como la ocasión en que después
que hube despotricado contra la muchachita que me llamaba, ésta sólo atinó a
decir: “¡Ok, señor, de cualquier manera se va usted a morir!”.
Parece de risa, pero no lo es, pues
únicamente representa uno más de los incontables ejemplos de la falta de un
Estado de derecho en este bendito país, y a las pruebas me remito. Enseguida me
comuniqué por teléfono a la dependencia de nuestro prócer, el señor Sheffield
Padilla, al número que hizo famoso un pegajoso jingle: 5568-8722, donde,
después de explicar mi problema, la dama que me respondió me dijo que me
pondría en contacto con la persona adecuada, y vuelta a esperar, hasta que otra
dama me respondió con voz cansina: “Lo pasaron mal, lo transfiero”. Por fin, la
tercera dama sólo atinó a decir: “Ahorita todos están en junta, no hay quien lo
pueda atender”. Oiga, señorita -le espeté a esta última persona-, estoy
llamando al número oficial de la Profeco, en horario más que hábil, pues apenas
son las once de la mañana, ¿y no hay quien me pueda atender ¡porque están en
junta!? Entienda, el problema que quiero resolver está por desquiciarme. “Llame
más tarde”, obtuve por toda respuesta.
¡Bendita 4T y arribistas de pacotilla
como Mr. Sheffield!
Acto seguido, me fui a la página de la
procuraduría del consumidor en Internet y ahí me enteré que mi teléfono está
registrado para evitar publicidad de todo tipo (comercial, de
telecomunicaciones y turística) ¡desde el 28 de noviembre de 2007, hace casi
doce años! ¡Ya ni me acordaba! Tal pareciera que la Cuarta Revolución, que no
simple Transformación, encarnada por nuestro líder máximo, hubiera decidido
pasarse este registro por el arco del triunfo. De otra manera, no me lo explico.
Ojalá que alguien en la Profeco reviva
mi desesperada petición de que no se me moleste más en casa y multe a Gayosso
con el máximo que autoriza el artículo 18 bis de la ley federal de protección
al consumidor, que es, según el propio sitio de la procuraduría, de $1’513,916.80.
De no ser atendida mi petición con toda
oportunidad, pronto estaré requiriendo los servicios que tanto denuesto, aunque
no con Gayosso, mi esposa ya ha sido puntualmente instruida al respecto.
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