Pensión universal

El martes 22 de enero de 2019 llamé a la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México para solicitar mi pensión universal. Me atendió una señorita muy amable que se limitó a solicitar mi nombre completo y mi dirección. Dos días después, el jueves 24, recibí un correo electrónico de confirmación de la misma dependencia gubernamental en el que se me informaba que mi solicitud estaba en trámite. Acusé recibo de este mensaje adjuntando, sin que se me solicitara, copia de mi acta de nacimiento, CURP, copia de mis credenciales del INE e INAPAM, y un comprobante domiciliario. Exactamente dos semanas después, el jueves 7 de febrero, y apenas a 16 días de mi llamada telefónica, fueron depositados en la misma cuenta donde recibo mi pensión del IMSS los 2,550 pesos bimestrales de la mencionada pensión universal.

Se me podrá objetar, oye, tú no necesitas ese dinero, pues ya cuentas con tu pensión del Seguro. Ah, ¿no? Mira, dicha pensión asciende a 9,073.83 pesos mensuales después de haber laborado por más de treinta años en la empresa privada. ¿Estás seguro que no la necesito? Por lo menos los 2,550 bimestrales hacen que mi percepción mensual sea ahora algo más decorosa, pues así estaré recibiendo, de hecho, 10,348.83 pesos cada treinta días. Y aunque esto sigue siendo insuficiente, el esclavizante negocio que posee mi esposa en una plaza comercial, que literalmente requiere de nuestra atención 24x7, nos permite irla llevando con dignidad.

Pero, además, cuando me jubilé hace casi diez años (octubre de 2009), después de no cotizar para el IMSS desde 1995 y de haber reactivado mis derechos durante año y medio en el negocio de mi mujer, se me otorgó una pensión de 4 mil pesos mensuales, calculada con los salarios de risa con que había cotizado en aquellos lejanos años, pues el Seguro para nada hace una actualización de salarios para reflejar los efectos, mínimo, de la inflación después de tanto tiempo. Y está bien, eso dice la ley, pero mis propios cálculos arrojaban otras cifras, que elevaban dicha pensión otorgada a casi el doble, es decir, alrededor de 8 mil pesos.

Solicité al IMSS, por medio del IFAI (hoy INAI), los salarios a los que había cotizado durante toda aquella remota época y les exigí una audiencia para demostrarles que habían hecho mal sus cálculos. ¿Cómo me atrevía? El subdelegado del Seguro en Guanajuato en aquel entonces, Arturo Soto Carranza, me informó, por escrito, que era ilegal que yo hubiera reactivado mis derechos en la dependencia trabajando para mi esposa y me despojaron de la mísera jubilación de 4 mil pesos. Vamos, ni esa.

Nunca debieron haberlo hecho, pues monté en cólera. Me inconformé con el director general del Seguro y toda su corte celestial, envié cartas de protesta a cuanta publicación se me ocurrió, y entablé sendas demandas en la CNDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Procuraduría General de la República (hoy FGR), por el delito federal de despojo de pensión. Acudí a la oficina de un abogado particular, que había sido jefe del jurídico del Seguro en su delegación en Guanajuato, y quien con inaudita arrogancia me espetó que el mío era un caso perdido por los lazos familiares que me unían a mi ex “jefa”. Salí tan encabritado de la oficina de este leguleyo que un incidente de tráfico en una avenida hizo que me liara a golpes en plena calle con otro conductor, que si no llegan a separarnos unos buenos samaritanos, quién sabe qué hubiera pasado.

En fin, un ángel en la corte del director del IMSS se enteró de mis desgracias, la entonces directora de prestaciones económicas y sociales del Instituto, Cristina González Medina, y me citó en su oficina en la Ciudad de México. Y ahí, en la sala de juntas de dicha oficina (con baño privado, cocineta, dos secretarias y otras amenidades), rodeada de una decena de colaboradores, entre subdirectores, coordinadores y personal de apoyo, los instó a que de inmediato se revisara todo mi expediente para que se restituyera mi pensión a la brevedad o si no, dijo irónicamente, que se me devolvieran todas las cotizaciones que durante año y medio nadie en el Seguro “reclamó” que fueran ilegales, que éstas habían sido calificadas así hasta que al Instituto le tocó pagar. ¡Impresionante! Cuando le mencioné a doña Cristina que lo que reclamaba yo también era el monto, me dijo: “Mire, lo importante ahora es que le restituyamos su pensión, ya después podrá usted acudir a la procuraduría de la defensa del trabajo (Profedet) y a la junta federal de conciliación y arbitraje para pelear el monto”.

Cuando regresé a León ya estaba todo dispuesto con el director del jurídico de la delegación del IMSS en Guanajuato para que me acompañaran a la PGR a retirar la denuncia penal que había entablado yo contra el Seguro y su subdelegado Soto Carranza, me restituyeran la pensión y me pagaran todos las “salarios caídos” de la misma: poco más de 40 mil pesos.

El siguiente paso fue acudir a la Profedet a mediados de 2010, donde se me asignó una abogada laboral de oficio, y donde después de casi cuatro años de un penosísimo y desgastante proceso les demostré fehacientemente que el Seguro había calculado mal mi pensión, habiéndolo determinado así el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosexto Circuito (Guanajuato), en su amparo directo laboral número 238/2013 y en su sesión correspondiente al 30 de enero de 2014, condenándolos a ajustar el monto de mi pensión y a liquidarme todos los “diferenciales caídos”, que ascendieron a cerca de 200 mil pesos.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero de los 16 días y una sola llamada telefónica que le llevó a la 4T otorgarme la pensión universal a los cuatro años que le tomó al antiguo régimen desfacer sus entuertos, media una deferencia como de tres años y 350 días.